Ayer leí dos noticias que me llamaron la atención; titulares:

Es obvio que ambas noticias están íntimamente relacionadas; la primera de ellas llama la atención no tanto por la presencia de Acaip (Sindicato de Prisiones) como por la de UPL (Unión del Pueblo Leonés), cuyo secretario general ha afirmado que una nueva prisión es “la mayor industria que se podría instalar en la provincia“. Si esto es lo que opinan los poderes públicos, lo raro sería que la iniciativa privada apostara por León…

En cuanto a la segunda de las noticias, es harto curioso que una provincia cuya población supone poco más del 1′12% del total nacional aporte nada menos que un 25% de los funcionarios de prisiones del conjunto del país. Y es ahora cuando uno se da cuenta de que estamos otra vez ante un círculo vicioso: los poderes públicos apuestan por la iniciativa pública como medio para generar riqueza, los ciudadanos eligen apostar por la carrera pública desechando la iniciativa privada, las hornadas de nuevos funcionarios se ven obligadas a desplazarse a otros puntos del país, los ciudadanos que nadaron contra corriente ven como el descenso de población les obliga a emigrar, los poderes públicos ven que todo el mundo se va y apuestan por crear nuevas plazas de funcionarios para que vuelvan…

El problema es mucho más complejo, pero como resumen no está mal. En cualquier caso, y habida cuenta de los antecedentes, creo que si deciden instalar esa nueva prisión en la provincia deberían acordarse de Astorga por segunda vez. La primera vez nos tocó un CTR que amenaza con arruinar los acuíferos de la zona, así que no estaría de más que esos 600 puestos de trabajo se quedaran en la ciudad para contribuir a depurar el agua que nos ensucia toda la provincia.